En crisis el Acuerdo de Unidad Nacional

Floro Hermes Gómez Pineda

El Acuerdo de Unidad Nacional, el cual fue una estrategia planteada en 2010 por el entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos Calderón para ganar la segunda vuelta presidencial y cogobernar Colombia, ha hecho crisis como consecuencia de la salida del Partido Liberal Colombiano y los reclamos de los partidos Alianza Verde y Polo Democrático.

¿Qué hay detrás de esta ruptura? Detrás de esta ruptura, sin lugar a dudas, está el clientelismo regional que ha tenido cercado al señor Presidente de la República y que mantiene la institucionalidad política y económica extractiva imperante en Colombia; de ello da cuenta la declaración del Senador de la República, por el Partido de la U, Armando Benedetti Villaneda, quien “cree que la solución para el tema regional, deben ser partidos regionales y candidatos que representen la misma región”, por una parte.

Por la otra, también da cuenta, que tanto en el Partido de la U como en Cambio Radical entienden que roto el Acuerdo de Unidad Nacional quedan liberados de cumplir los acuerdos de mesas directivas del Congreso de la República (una consideración clientelar), situación que contrasta con la declaración emitida por el Partido Liberal Colombiano, el cual “según su tradición de cumplir fielmente los acuerdos, honrará los compromisos adquiridos para el funcionamiento coherente, adecuado y eficiente de las Cámaras Legislativas”.

Pero, también está detrás de esta ruptura el establecimiento populista caudillista carismático militarista uribista que ha sabido, en primer lugar, hacer ver como pecados del Gobierno Nacional los del clientelismo regional: la muerte de niños wayúu por desnutrición;  las deficiencias en la salud que cada tanto dejan una persona muerta mientras espera atención médica; las bandas criminales venidas del paramilitarismo regional; el abandono secular a las comunidades afro.

En segundo lugar, que ha sabido presentar a través de la manipulación de medios masivos de información y prensa los problemas imputables a la naturaleza como desaciertos gubernamentales: el caso de la crisis energética con amenazas de racionamiento sobreviniente al Fenómeno del Niño. O, peor aún, que ha sabido presentar los efectos de las políticas nacidas del imaginario de Álvaro Uribe Vélez como propias del actual gobierno: los ancianos que no logran pensionarse por las reformas uribistas, la magnificación de la inseguridad atribuible a la delincuencia.

¿Qué se pretende lograr con todo esto? Se pretende golpear los logros de los acuerdo de La Habana, los cuales amenazan la hacienda premoderna autoritaria conservadurista representada por el Partido Conservador Colombiano y Centro Democrático, pues en buena medida representan la modernidad liberal, o (lo que es lo mismo) la posibilidad de dar un paso más hacia la conquista de nuestra, hasta ahora truncada, revolución liberal.

En conclusión: el clientelismo regional y la hacienda premoderna autoritaria, unidos por la causa común de mantener una institucionalidad política y económica extractiva, han creado un mal ambiente antigubernamental cuyo propósito es golpear la consecución de una paz duradera y estable.

Por ello, el Partido Liberal Colombiano, en su declaración “invita a las Colectividades Partidistas y a las organizaciones sociales, empresariales y comunitarias, a la conformación de una Gran Alianza por la Paz y la Convivencia”.

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Vulnerabilidad en los sistemas de Comunicación Estatal facilitan las famosas "chuzadas".

Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

El señor jefe negociador del Gobierno en los diálogos de La Habana con las FARC-EP, doctor Humberto de la Calle Lombana, expresó: “Sería un tonto el que diga que la chuzadas no existen porque hay serios indicios de que eso está pasando, parece que hay empresas privadas que venden información, pero reitero que en nuestra condición de negociadores nos atenemos a los resultados institucionales”.

Cuando el doctor de la Calle Lombana dice “chuzadas” se está refiriendo de manera eufemística al hecho de “interceptaciones ilegales de comunicaciones electrónicas”, lo cual sin lugar a dudas cambia la connotación de lo que hablamos.

Esta grave situación que demuestra la vulnerabilidad de nuestros sistemas de comunicación estatal, la cual está siendo aprovechada políticamente, por unos y otros, quiere significar a nuestros posibles contendientes bélicos internacionales que Colombia carece de una inteligencia fiable, segura e inexpugnable. En otras palabras, que nuestra soberanía nacional está amenazada.

Pero, más grave es aun la expresión “parece que hay empresas privadas que venden información”, refiriéndose a la información clasificada de agentes del Estado, que posiblemente esté siendo comercializada. Aquí, en tratándose de información reservada del Estado, no estamos ante una compraventa de información clasificada, sino ante la cuestión de traición a la patria, que es bien distinto.

De otro lado, mientras el Gobierno nacional se esfuerza en mantener ocultas las negociaciones de La Habana del público (la sociedad civil), ocurre que la esfera privada (unos particulares-saboteadores) tiene acceso a una información que debiera ser del dominio de la gente de bien. Luego, ¿de qué sirve la confidencialidad?

La confidencialidad es una estrategia para evitar las gentes de mal, pues de las de bien no cabe esperar el daño. Por lo tanto, al demostrarse que la confidencialidad sirve para desinformar a las personas de bien, pero no obstaculiza a quienes persiguen el mal, queda demostrado que tanto sigilo lesiona más que beneficia.

Se bien y no ignoro, que comunicar muchas veces es poco benéfico; sin embargo, es mucho más dañino callar cuando los tramposos, los dañinos, los malos y los indeseables tienen la capacidad de conocer lo que no se comunica, pues tiene la magnífica opción de la distorsión sin posibilidad de la riposta.

En conclusión: se descubren unas interceptaciones ilegales, a las que se denominan eufemísticamente “chuzadas”, se sospecha de una traición a la patria, pero se la llama de manera ambigua “compraventa-venta de información”, las gentes de bien mantenidas al margen de lo que debieran conocer, sin embargo las gentes de mal al tanto, dejando claro que cuando se oculta, se tapa es a los de bien, porque los de mal siempre se las arreglarán.

El resultado final será el triunfo de la distorsión, porque de seguro los malos, malintencionados y dañinos habrán tomado el debido cuidado de distorsionar usando códigos lingüísticos que den la impresión cuando se comunique la verdad, que ellos habían advertido, con lo cual se habrá colocado unos buenos palos a la rueda de la paz, para que siga reinando el negocio de la guerra, que es lo que defienden los oponentes de la paz.

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a crisis del campo, ¿de quién es responsabilidad?


Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

De nuevo estamos ante un paro agrario. Esto significa dos cosas: que la solución que se le dio al paro anterior no se ha cumplido y que mucho se ha tenido que hacer mal para seguir en esta situación, dentro de la cual los colombianos nos hemos acostumbrado a escuchar, y parece que a aceptar (porque muy pocos dicen algo), “la economía va bien, pero el país va mal”.

Esta incongruencia, que no acepta un examen de lógica formal, debe ser explicada en primer lugar por el Ministerio de Agricultura que, en sus distintas rendiciones de cuentas, ha venido afirmando de la buena trasformación de la política agropecuaria del país, de los éxitos alcanzados, los cuales de manera insólita se expresan en dos paros agrarios, el escándalo de Agro Ingreso Seguro, los 44 años sin realizar un censo agropecuario, el 46.8% de los campesinos viviendo en la miseria, la falta de crédito agropecuario, las peores cosechas de café de la historia, la caída de precios en el azúcar y la panela, el freno al desarrollo de la palma con ministro palmicultor por la no definición en la política delas UAF, la no resolución del problema de los precios de los insumos, el crecimiento de las importaciones de alimentos en nombre de los TLC, el contrabando de productos de primera necesidad, la crisis de los cítricos que examiné en mi columna de 22 de junio de 2013 Nuestra producción de cítricos, en estado crítico, el hecho de que el Gobierno Nacional permita que el ingreso externo se robe el ingreso interno, como lo examiné en mi columna de febrero 24 El ingreso externo se roba nuestro empleo.

Estos problemas indican la ausencia del “Libro Blanco de la Agricultura de la República de Colombia” que diga cuál ha de ser nuestro modelo agrícola, que sea rentable y en el que quepan todos; es decir, estamos ante un claro ejemplo de qué es hacer política sin política, lo cual permite la incongruencia “la economía va bien, pero el país va mal”, que en tiempos electorales es de muy buen recibo para unos y otros, máxime cuando quienes están en paro enarbolan el lema “por la defensa del productor nacional y su dignificación laboral”, que a la demagogia y a la política agrícola paliativa le viene bien.

Pero, aquí no concluye todo. Existe un clima de incertidumbre con respecto a cómo se resolverá en los diálogos de La Habana la cuestión del derecho a la territorialidad, el reconocimiento de los campesinos como sujetos políticos, la sustitución de cultivos ilegales, el mercado de la tierra, las cadenas de comercialización.

En conclusión, en Colombia se hace política agraria sin política agropecuaria; es decir, que más allá de los problemas que alcancé a enumerar, los problemas de fondo son otros: uno estructural, ¿cuál ha de ser nuestro modelo de producción agropecuaria? O lo que es igual, una agenda agraria gubernamental.

Y, otro operacional, ¿cómo hacer que los productos que logremos se comercialicen? En otras 

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SEGURIDAD BAJO EL PUNTO DE VISTA DEL LIBERALISMO


 

Floro Hermes Gómez Pineda
Twitter: @Florohermes

Cuando se habla del liberalismo como racionalización del Gobierno, una de sus cinco premisas es “un liberalismo cuyo principio de cálculo es la seguridad”, que no es otra cosa que un nivel se encuentran los dispositivos supraestatales de seguridad, los cuales procuran controlar la serie de acontecimientos riesgosos de los que puede ser víctima una población.

Tales dispositivos supraestatales de seguridad no son otra cosa que la instrumentalización del derecho, la economía, la educación, la salud, el trabajo y la vida que se transforman ante nuestros ojos en seguridad jurídica, confianza inversionista, educación universal, seguridad social, trabajo decente y fuerza pública.

En estas columnas he documentado cómo en Colombia existe una institucionalidad política y económica extractiva que detrae rentas de la salud, impidiendo que los colombianos gocemos de una salud óptima y de calidad; es decir, que en la práctica existe una inseguridad social, que es un grave impedimento para insertarnos en el ámbito global y mundial, sin desconocer que se ha progresado.

Hecha esta introducción, quiero someter al libre examen de mis lectores la tesis de que en Colombia tampoco hay seguridad jurídica; lo ha puesto sobre la mesa el caso Petro: sin indagar sobre la juricidad o antijuricidad, que corresponde hacer el examen a un abogado, es claro que en Colombia no existe una certeza en el derecho en el ámbito de su publicidad como en su aplicación.

Tal inexistencia de certeza en el derecho en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, es lo que se denomina inseguridad jurídica y corresponde, claramente, con el caso de Gustavo Petro, que no es un caso aislado: el fallo de la Corte Constitucional en el caso de las pensiones millonarias significó hacer retroactiva la ley, en la práctica; la inaplicación del orden jurídico ante las quejas del Comité de Estudio de la Situación Minero-Ambiental de Asocampoalegre, el cual examiné en mi columna de la semana pasada, “¿Enfrenta el Valle del Cauca la guerra por la arena?”; el cambio permanente de fiscal en el caso Colmenares; es decir, que estamos ante el espectáculo de “primero fijar unas reglas de juego a las que, después, se les da la vuelta con otra figura jurídica”.

Tal es la situación, que el señor presidente de la República se vio obligado a decir públicamente, en Santa Marta, que “donde peor estamos frente al resto del mundo es en lo que llaman la seguridad jurídica”, lo cual afecta la confianza inversionista; es decir que, en Colombia existe inseguridad económica, tal como existe la inseguridad social que el Ministerio de Salud defiende a capa y espada

En conclusión: es claro que en Colombia, la situación de “un liberalismo cuyo principio de cálculo es la seguridad” no se da: a través de este escrito demuestro que hay inseguridad jurídica, luego no hay liberalismo, como resultado de las prácticas normativas irregulares del Congreso y de la Presidencia de la República, aunque se le eche el agua sucia a los jueces y magistrados, quienes solo aplican o inaplican normas.

 

DESTACADO: En Colombia tampoco hay seguridad jurídica; lo ha puesto sobre la mesa el caso Petro

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¿Enfrenta el Valle del Cauca la guerra por la arena?

Por Floro Hermes Gómez Pineda
Twitter: @Florohermes

El río Bugalagrande, que abastece los acueductos de Andalucía y Bugalagrande, ha venido siendo aprovechado su lecho por la empresa Proyectos de Infraestructura S. A. (PISA), antes Hacienda El Carmen Ltda., al amparo de una licencia otorgada por Minercol (hoy Ingeominas).

Como consecuencia de ese aprovechamiento del lecho con destino a la construcción de segundas calzadas Buga-La Paila y La Paila-La Victoria, el cual ha excedido las reservas dinámicas del río, es decir, ha sobrepasado la capacidad de la corriente para rellenar la excavación realizada, se destruyó entre otros la bocatoma del acueducto que alimentaba Andalucía, Bugalagrande y un distrito de riego.

¿Cómo explicar semejante daño de dejar sin acueducto a 50.000 vallecaucanos e inutilizado un distrito de riego en un departamento agrícola, como el nuestro? La causa de semejante expolio es la arena.

La arena es, después del agua y el aire, el producto más utilizado en el mundo, el cual, según la Internacional Union of Geological Sciences, genera un tráfico mundial de 18.000 millones de toneladas, una cifra mayor que la del petróleo, que es de solo 3.600 millones de toneladas, pero con una diferencia: la arena es prácticamente gratis por lo que se tienen todos los incentivos para extraerla. Por lo tanto, vale todo para obtener los tan codiciados granos, incluido robarse lechos de ríos sin importar los efectos.

Luego, las vistas ciegas, los oídos sordos y las manos mancas a las quejas del Comité de Estudio de la Situación Minero-Ambiental de Asocampoalegre, quienes se basan en informes técnicos realizados por funcionarios de las entidades estatales competentes, se explican porque el robo y la venta ilegal de arena es un fenómeno generalizado mundial como resultado de ella haberse vuelto imprescindible para la mayoría de las actividades económicas del hombre.

De la arena se extraen los microchips que hacen posibles nuestros computadores y nuestros celulares, de su fundición obtenemos el vidrio, se utiliza en las aleaciones ligeras de los fuselajes de los aviones, en los plásticos, etc.; pero, sin lugar a dudas la industria que más la apetece es la de la construcción: un kilómetro de autopista emplea alrededor de 30.000 toneladas.

En conclusión: la arena es una materia prima que ha despertado un apetito superior al del petróleo, apatito que comenzó a manifestarse en Colombia como consecuencia de la necesidad de un desarrollo vial necesario para insertarnos en la economía mundial; es decir, que las urgentes e inaplazables vías para la prosperidad generarán otros casos iguales al río Bugalagrande en nuestro departamento y en el resto de Colombia.

Entonces a prepararnos para las consecuencias del dragado exagerado del lecho de nuestros ríos, ante el agotamiento de nuestros depósitos de arena y grava: inundaciones, erosión de afluentes, orillas y del lecho, socavación de puentes y estructuras, destrucción de hábitats, pues la experiencia con el río Bugalagrande nos dice que así ocurrirá, pero a gran escala, porque la indiferente mirada de nuestros agentes de gobierno así lo hacen prever.

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